El magistrado Henry Villarraga Oliveros presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revela el proceso que implica a los jueces públicos de todo el país, que infringían la ley desviando los recursos destinados para salud, regalías y otros presupuestos públicos para su beneficio personal.
Los magistrados de la Sala Superior de la Judicatura (juez de jueces) no dan abasto con las 1117 investigaciones a jueces y abogados de todo el país que han convertido los embargos a presupuestos de la salud, regalías y los han destinado en sus cuentas personales.
Con estadísticas en mano el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior Henry Villarraga muestra que las investigaciones involucran a funcionarios judiciales de 24 de los 32 departamentos del país que hacen causa común en el proceso de los embargos con la ayuda de abogados litigantes, son carteles encargados de desfalcar a Foncolpuertos y ha Cajanal, en su momento se hayan replicado en otras entidades y que el gobierno no haya aprendido la lección contra la corrupción.
Los castigos disciplinarios, poco conocidos, son sin embargo contundentes pero el sin sabor esta presente. Hasta hoy, los expedientes demuestran que hay 40 jueces destituidos por esta causa. Diariamente el tribunal recibe en promedio diez denuncias e impone semanalmente entre 6 y 8 sanciones a jueces y unas 45 a abogados. El aumento exponencial de las quejas implica que la tolerancia frente a ese tipo de desafueros parece ir en ascenso, demostrando la problemática que enfrenta el gobierno frente al poder judicial.
Estos carteles de jueces y abogados traen como consecuencia que los usuarios del sistema de salud no reciban la atención requerida debido a la liquides del sistema y se crea una constante desconfianza entre las entidades del estado que generan una problemática de puntualidad con los posteriores pagos, dejando al borde de quiebra a Hospitales Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) debido a que las Entidades Promotoras de Salud no cumplen con sus responsabilidades económicas.
La reforma a la justicia, el cambio de distribución de regalías y el nuevo estatuto Anticorrupción ofrecerán mejores herramientas para opacar los carteles que nacen por la falta de atención política en estos espacios públicos.
Jho Ramos Periodista
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